Historia de una refinería en Extremadura

Reportajes

Historia de una refinería en Extremadura

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INTRODUCCIÓN

Extremadura se encuentra dividida en torno a la construcción del que  podría ser el mayor proyecto de la historia de la comunidad. Hasta el punto de haberse convertido en una especie de tema tabú en la misma. S e trata de un complejo refinero que promueve el Grupo Alfonso Gallardo, perteneciente al empresario de más éxito de la comunidad. Desde que a finales de 2004 se anunciara el proyecto, en la región no ha sido posible llevar a cabo un debate público acerca de la conveniencia de su instalación. Este misterioso empresario ha cobrado especial protagonismo en la opinión pública desde esa fecha y, más recientemente, por su intento de comprar el Grupo Zeta de comunicación. Sin embargo, el conflictosocial provocado en la sociedad extremeña acerca de la trayectoriaprofesional de Gallardo nació hace ya muchos años. Defensores y detractores del industrial coinciden en su tenacidad.


Con una población de un millón de habitantes y casi 200.000 de ellos en paro, Extremadura encabeza el ranking nacional de datos relativos de desempleo, y la necesidad de proyectos que atraigan actividad a la región resulta patente. El envejecimiento de la población se acentúa, a la misma vez que crecen las cifras de jóvenes que se ven obligados abandonar su tierra ante la falta de oportunidades para buscar un mejor porvenir fuera de ella. Pero, ¿realmente es la refinería la solución a los problemas de empleo en la región? Son muchas las voces que han reclamado a las autoridades que apuesten por la industria agroalimentaria y las energías renovables, ya que a día de hoy la comunidad extremeña cuenta con unos recursos naturales casi intactos y porque en ella aún son muchas las familias que dependen de la agricultura y la ganadería, sobre todo en la zona en la que se quiere ubicar la factoría, entre las comarcas de Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión.

La escasa información que se recibe por parte de la Junta de Extremadura irrita a muchos. Otros extremeños, simplemente, no saben a día de hoy que su región contará seguramente dentro de muy poco con el complejo refinero “más eficiente de España”. Y es que en la comunidad el debate público acerca del tema, simplemente, no ha existido. Rosa Díez, líder del partido Unión, Progreso y Democracia, criticó hace unos meses que «no se haya podido tener un debate sereno sobre la necesidad o no de implantar la Refinería Balboa”, ya que los poderes políticos extremeños «han convertido en malos y en enemigos a aquellas personas que tienen una posición crítica». La diputada manifestó la oposición de su partido hacia una industria que es «absolutamente ajena» al interés de la región por un desarrollo económico y social desde un punto de vista sostenible.

Las autoridades regionales insisten en que el proyecto favorecerá de manera notable la creación de empleo en la región, mientras que la Plataforma Ciudadana Refinería No denuncia que se ha intentado ocultar información a los extremeños. En palabras de uno de sus dirigentes, Leonardo Clemente, resulta «escandaloso» que sea “imposible fotocopiar, fotografiar o sacar el Estudio de Impacto Ambiental de la sede de la Subdelegación del Gobierno en Badajoz y que no se facilite en soporte digital”.

En 2005, el Instituto Opina realizó un estudio cuyo objetivo era conocer el grado de conocimiento y satisfacción que tienen los extremeños acerca del proyecto de refinería, así como medir el impacto que su instalación provocará en dicha comunidad social. Para ello, realizó 1.000 entrevistas telefónicas. Cerca de un 20% de los encuestados no había recibido información alguna sobre el tema. De ellos, tres cuartas partes consideraban, además, que la labor de difundir información a la opinión pública corresponde a la Junta de Extremadura. En cuanto a la opinión sobre su conveniencia para el desarrollo económico, las posturas a favor y en contra se mostraron muy igualadas, siendo los jóvenes y los habitantes de las zonas afectadas por el proyecto los que generalmente mostraron mayor oposición hacia el mismo. Y el 64% de los encuestados afirmó que la industrialización y el desarrollo sostenible son compatibles en la región. En cuanto al nivel de satisfacción respecto a la construcción de la planta, la nota media resultante fue un 5,32, de lo que se desprende que, aunque no con demasiada convicción, el proyecto cuenta con el aprobado de la mayoría de la población. No obstante, otras encuestas muestran datos muy diferentes. La PCRN criticó los resultados de esta, y aseguró que estaban “inflados”. Leonardo Clemente se ha preguntado qué fines ha tenido esta encuesta, para qué se ha realizado y cómo es posible que tratándose de una refinería no se hayan hechos preguntas relacionadas con la salud, afirmando que “se trata de una encuesta condicionada que falsea la realidad”.

Respecto a si creían que tras los movimientos de oposición al proyecto se encuentra algún partido político, un 31% de los encuestados, creía que sí. De ellos, la mitad opinaba que era el Partido Popular, mientras que un 25% creía que era Izquierda Unida. Sólo un 1% afirmó que era el Partido Socialista quien animaba los movimientos de oposición a la refinería.

EL PROYECTO

Con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros, además de a tierras extremeñas, el complejo afectará a doce municipios de Huelva y cinco de Sevilla a través de instalaciones complementarias. Para su puesta en marcha será necesaria la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros de longitud desde Palos de la Frontera, en la costa de Huelva, hasta la Sierra de San Jorge, en Los Santos de Maimona, localidad de la comarca Zafra-Río Bodión muy cercana a Tierra de Barros. Dicho oleoducto atravesará once espacios protegidos en el Parque de Doñana, y también será ampliado hasta Mérida para el almacenaje de gas butano y propano. Y es que la fábrica producirá también 264 millones de litros de butano y propano al año, cantidad con la que se podrá abastecer a toda la comunidad, además de a las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla y parte de Portugal, según afirma la empresa promotora. Precisamente, Repsol Butano ha cerrado recientemente la única planta de llenado y almacenaje de este tipo de gases existente en la región, que estaba ubicada en Mérida, por lo que Gallardo prestará el servicio en Extremadura sin competencia alguna.

Según la empresa promotora, la idea de instalar la Refinería Balboa se debe a la creciente demanda de petróleo en España y a que nuestro país importa gran parte del que consume. En cuanto a la localización del complejo, desde la compañía se afirma que responde al compromiso de favorecer el desarrollo económico de la comunidad extremeña. Y argumenta que será la refinería española más respetuosa con el medio ambiente. “Balboa quemará únicamente combustibles gaseosos y no generará producción residual. Todo ello se traduce en una disminución significativa de emisiones y vertidos”.

El grupo promotor cuenta con una página web en la que se detalla el proceso en que se transforma el crudo en petróleo, pero no se ofrecen demasiados datos acerca de cómo afectará la refinería al empleo, a la salud de los extremeños y al medioambiente en general. Solamente afirma querer favorecer el desarrollo económico extremeño, y que se compromete al respeto de su entorno “practicando en todo momento una política de buen vecino”. El director del proyecto, Edgar Rasquin llegó a afirmar que, una vez que esté operativa la fábrica, se crearán 3.000 puestos de trabajo de calidad directos e indirectos y en su fase de construcción se generarán 3.500 nuevos puestos de trabajo de promedio, “con fases punta de hasta 6.000 empleos”. Sin embargo, el documento entregado al Gobierno sólo prevé la creación “de 2.940 nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción y de 1.795 nuevos empleos (700 directos y 1.095 inducidos) durante la fase de explotación”.

APOYO DEL PODER

Tras el anuncio del proyecto, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente entonces de la Junta de Extremadura, lo declaró “de interés público”. Ante las dudas de ciertos grupos que manifestaron su oposición y reclamaron un debate público en la región acerca del tema, Rodríguez Ibarra llegó a afirmar que “la refinería se hace, es una decisión política tomada”. Posteriormente, el presidente Rodríguez Zapatero reiteró su apoyo a la refinería en un mitin electoral. “Guillermo, sabes que cuentas con mi apoyo para poner en marcha la refinería”, dijo públicamente el presidente a quien se convertiría en el sucesor de Ibarra en el poder. El ministro de Industria, Miguel Ángel Sebastián, visitó la fábrica de Siderurgia Balboa y también dejó patente su apoyo a la última iniciativa de Gallardo.

El ex presidente Felipe González también ha manifestado su postura favorable a su construcción porque es “necesario” y “no hay ninguna contradicción” con la potenciación de las energías renovables. Y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, criticó a los opositores de un proyecto que considera vital para la industrialización de la región y mostró su deseo de que la factoría se convierta en realidad “lo antes posible”. El apoyo del poder a la refinería, por tanto, ha resultado patente. Y es que se trata de un proyecto que va a contar hasta con un 20% de aportación pública, procedente de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX). El resto de inversores son, junto con el Grupo Alfonso Gallardo -47%-, BBVA, Caja Madrid, Iberdrola -estas tres aportarán un 10% cada una-, y Caja de Extremadura, con un 3%.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras también han mostrado su apoyo a la instalación de la fábrica. Luciano Gómez, secretario provincial de FIA-UGT de Huelva cree que la Refinería Balboa ayudará a la provincia onubense a paliar el paro. “Sólo en la fase de construcción podríamos estar hablando de unos 1.000 empleos que vendrían a absorber parte de la crisis”, afirmó. Además, manifestó que “el Grupo Alfonso Gallardo está arriesgando dinero en un proyecto que generará gran riqueza en Huelva”.

A favor del proyecto se han creado varias asociaciones, las cuales argumentan que la instalación del complejo refinero servirá para dinamizar la actividad en la región extremeña. El colectivo Progreso y Desarrollo de Villafranca (Prodevi) entregará a la ministra de Medio Ambiente un manifiesto en favor de la refinería, al igual que las Plataformas Refinería Si de Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros. Critican la tardanza del Ministerio en la resolución del Estudio de Impacto Ambiental, cuando los proyectos de refinería de Huelva y Cartagena la tuvieron “en un tiempo record”, y denuncian las “presiones” que las autoridades están recibiendo por parte de los colectivos opuestos al proyecto. Ángel Blanco, portavoz de Refinería Sí de Los Santos de Maimona, añadió que comenzarán una campaña de recogida de firmas para adjuntarlas al manifiesto a favor del proyecto, para que la ministra “sepa que hay extremeños que esperan ansiosos esta refinería”. Sin embargo, también reconocen que la refinería no tendrá un impacto “neutro” para la zona, “al igual que tampoco lo tienen la agroindustria o los automóviles”.

IMPACTO ECOLÓGICO

Pese a que España se comprometió en el Protocolo de Kioto a no aumentar sus emisiones en más de un 15%, ya lo ha hecho en un 50% y es el país más alejado de sus compromisos. Por su parte, Extremadura, una de las comunidades que menos gases emite, ha multiplicado por seis sus emisiones desde 2001 según el Ministerio de Medio Ambiente, debido a la construcción de la cementera y la ampliación de la siderurgia, ambas de Gallardo.

El Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, concluye que son los pueblos del litoral occidental de la provincia de Huelva los más azotados por los distintos tipos de cáncer. El cáncer de laringe es el que más influencia tiene en la provincia de Huelva, seguido de cerca por el de pulmón. Además, la capital onubense destaca en el estudio con un 10% sobre la media en los tumores de ovarios y riñón y un 5% más de casos de leucemia. El estudio asoció la abundancia de casos en Cádiz, Huelva, Cataluña, Asturias y País Vasco a la contaminación industrial. “Se observa que los casos siguen el patrón de la industrialización en España, con una concentración en polos como Asturias, Huelva, Cataluña o País Vasco”, señaló Gonzalo López Abente, responsable del mismo.

La cadena de televisión Cuatro elaboró en 2006 el reportaje Huelva, aires contaminados, en el que se deducía que en la provincia existe un 25% más de posibilidades de sufrir algún tipo de cáncer. Quizá sea este el motivo por el que varios municipios de la provincia han manifestado su tajante oposición a la refinería, ya que el paso por ella de un oleoducto y la creación de una terminal de almacenaje para la fábrica en Palos de la Frontera supone un peligro más para una zona saturada de contaminación.

Refinería Balboa presentó en enero de este año el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en los Ministerios de Industria y Medio Ambiente. En un principio, la empresa había encargado este informe a la Universidad de Extremadura, aunque finalmente esta lo realizó junto con el Instituto de la Ciencia de la Tierra ‘Jaume Almera’, el CSIC de Barcelona, el Departamento de Geología de la Universidad de Huelva y la Fundación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). Además, en el estudio también participó la petrolera Shell. Denominado Proyecto de investigación para el diagnóstico y vigilancia del impacto por vía atmosférica de un complejo refinero en Extremadura, el estudio se centró sobre todo en las emisiones fotoquímicas, las más peligrosas de las que se derivarán de la refinería. Aunque se afirma que la zona en la que se ubicará la fábrica goza de buena calidad ambiental pese a la existencia de industrias, las cuales “no parecen presentar un impacto apreciable sobre la calidad general del aire”, los estudios muestran un impacto en el medio ambiente desde el punto de emisión, que puede alcanzar un radio “de unos 40 km”.

En cuanto al impacto sobre la vegetación, se dice que el resultado de las fumigaciones con ozono sobre las variedades cultivadas en laboratorio ha permitido detectar una “cierta incidencia en el comportamiento de algunas de las variedades en respuesta a dicha modificación de las condiciones ambientales”. Es decir, que el propio informe no niega los efectos que la actividad de la refinería puede tener sobre las especies vegetales de la zona. Incluso, pone de manifiesto las consecuencias que para las plantaciones suele conllevar la instalación de complejos industriales. “El conocimiento de los daños producidos por el ozono se ha constatado desde la implantación de grandes complejos industriales”, llega a afirmar el estudio.

Por último, en el apartado final del estudio, se afirma que “a las siguientes conclusiones/recomendaciones cabe aplicarles una doble precaución, derivada de la necesaria limitación de la representatividad de los resultados, ya alertada en capítulos anteriores, incrementada ahora por una componente subjetiva adicional en la formulación de las mismas”. O sea, que se reconoce la escasa representatividad de los resultados y las valoraciones subjetivas vertidas en el estudio. El informe presentado por la empresa encontró la oposición frontal de las autoridades andaluzas, sin cuya colaboración el proyecto será inviable. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía califica el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora de “superficial, incompleto e insuficiente”, y destaca una serie de carencias: el estudio no prevé planes de actuación en caso de accidente, pese a conllevar riesgos de vertido y fugas, atraviesa zonas protegidas sin la justificación necesaria y puede afectar al abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Sevilla, ya que no se tienen en cuenta posibles vertidos al embalse de La Minilla. La consejería propone hasta cinco modificaciones del trazado, ya que el oleoducto atravesaría la franja de Espacios Naturales Protegidos del Norte de Andalucía. En consecuencia, afirma que “un proyecto de la envergadura del que nos ocupa requiere de un análisis más profundo”, y que esta carencia “no es asumible” en el mismo.

La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente hizo hincapié en los mismos aspectos para mostrar su oposición al proyecto. El informe luso pone de manifiesto el deterioro que el complejo provocará en el Río Guadiana, y advierte que la cercanía del proyecto a la frontera portuguesa hace necesaria una “evaluación pormenorizada de los impactos potenciales de los efluentes líquidos generados por la refinería”, sobre todo sus efectos sobre la presa de Alqueva, la mayor de Europa. Por ello, rechaza la construcción del oleoducto y propone una modificación en su trazado. Pese a que se supone que el país vecino debería haber recibido la documentación en octubre del pasado año, el propio Ministerio de Medio Ambiente reconoce que no le fue enviada hasta mediados de diciembre.

A pesar de que afectará a 17 municipios andaluces, en esta comunidad el proyecto sólo prevé la creación de 35 puestos de trabajo fijos en la fase de explotación en el Parque de Almacenaje, que iría ubicado en Palos de la Frontera (Huelva). Sin embargo, “Edgar Rasquin (director del proyecto) vendió que la provincia de Huelva se llevaría 250 millones de euros en beneficios”, denuncia Leonardo Clemente, de la Plataforma Ciudadana Refinería No.

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

El 23 de febrero de este año, el Ministerio de Medio Ambiente paralizó los plazos de resolución de la Declaración de Impacto Ambiental y solicitó al Ministerio de Industria más documentación sobre el proyecto. En contra del mismo, han sido presentadas unas 80.000 alegaciones que ya están en manos del Gobierno, encargado de dar el visto bueno definitivo sobre su construcción. Medio Ambiente y la empresa promotora afirman que falta por entregar un informe del gobierno portugués y otro de Refinería Balboa, mientras que la PCRN manifiesta que la decisión ha sido paralizada por la Unión Europea por las “irregularidades del proyecto”, ya que el estudio de impacto ambiental es “incompleto y técnicamente inviable”. Esta asociación ya celebra que el proyecto está muy cerca de ser desestimado.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara criticó el retraso en la tramitación y manifestó que la comunidad está sufriendo un proceso “al que no se ha sometido a nadie en este país”, cargando contra los estamentos opuestos a la refinería y contra ciertos medios de comunicación ajenos a la región.

LA OPOSICIÓN AL PROYECTO

La ubicación del proyecto, entre las comarcas de Zafra-Río Bodión y Tierra de Barros, amenaza la supervivencia de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana, radicada en la segunda de ellas, de tradición olivarera y vinícola. Según la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura, este sector, que hasta el momento factura anualmente más de 180 millones de euros y genera más de un millón y medio de empleos directos al año, podría verse muy perjudicado, al igual que la producción de vinos ecológicos.

La organización ecologista WWF-Adena ha advertido que las labores de transporte del petróleo acrecentarán los riesgos de vertidos en la costa de Huelva, ya que el tráfico de petroleros aumentará en, al menos, cien de ellos al año. Recuerda que la costa onubense ya ha sufrido vertidos debido a la refinería de Huelva (el último en 2005) y afirma que, según el régimen de vientos existente, si ocurriera algún accidente hay unas “probabilidades en torno al 90% de que un vertido llegue a la costa”. En ese caso, no sólo el medio natural quedaría afectado, sino también actividades económicas esenciales para la provincia de Huelva como la pesca, el marisqueo o el turismo, denuncia Adena.

La Estación Biológica de Doñana también ha censurado el proyecto por los mismos motivos, aunque finalmente dejó en manos de la Consejería de Medio Ambiente la decisión sobre el paso del oleoducto por el Parque Natural de Doñana. El Partido Andalucista también se muestra en la misma línea y manifiesta que la refinería destruirá más empleo del que creará y que la empresa está “engañando” a los onubenses con el anuncio de “creación de 300 puestos de trabajos, cuando solo se crearán 30”, en palabras de Francisco Ramos, secretario provincial en Huelva.

Fulgencio Serrano, secretario comarcal de CCOO Puertollano, afirmó en extremaduraldía.com que el proyecto “parece el empeño personal de un nuevo rico que ha encontrado en el gobierno extremeño la alianza imprescindible para hacer creíble lo que de otra forma no habría ocupado más de dos líneas en los medios de comunicación y habría muerto antes de nacer”. Encarar hoy un proyecto tan costoso y de tecnología punta sin un socio multinacional es, en palabras de Fulgencio Serrano, “meterse en lo hondo de la piscina, sin saber nadar. El Sr. Gallardo lo sabe, por eso lleva años intentando, sin éxito, que una de las grandes apadrine su proyecto”. El secretario sindical afirma que hace más de 30 años que en Europa no se construyen nuevas refinerías, que el proyecto será aún más costoso de lo que afirman sus promotores y que el hecho de no integrar todas las unidades del negocio petrolero hará a Gallardo someterse a “las condiciones y precios que fijen los tiburones del sector”, de manera que las grandes petroleras acabarán engullendo al que Serrano llama irónicamente “el buque insignia de la industria extremeña”.

Izquierda Unida es el partido político que más se ha opuesto al proyecto. Para Diego Valderas, coordinador de la formación en Andalucía, la refinería supone “la operación de tráfico de influencias más importante de la democracia”. En su opinión, el empresario está creando un gran grupo industrial «auspiciado» desde el poder por el PSOE y con la «intermediación» del ex presidente del Gobierno Felipe González. Miguel Manzanera, miembro del partido en Extremadura, llegó a afirmar que Rodríguez Zapatero cesó a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, debido a este asunto. Y el Secretario de Comunicación de IULV-CA y miembro de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, José Luis Pérez Tapias, acusó a Refinería Balboa de “mentir deliberada y descaradamente sobre la previsión de los puestos de trabajo que crearía el proyecto en Extremadura y en Andalucía”, al señalar que la empresa habla públicamente de cifras que “duplican las que prevé el propio proyecto presentado por la empresa ante las administraciones y que ya son bastante infundadas”. Además, según Pérez Tapias, “la empresa ha obviado en su proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental contabilizar el empleo que su puesta en marcha destruiría en otros sectores tan importantes para Badajoz, Huelva y Sevilla como el turístico, el agrario, el ganadero y el forestal”. También acusa a Gallardo de ser un “testaferro, seguramente de Shell”, que sería la empresa “más beneficiada” por su construcción. Según afirmó, el “papel de Gallardo” en el proyecto es “cobrar las subvenciones, montar la refinería y después venderla, llave en mano, a quien corresponda”.

LA PLATAFORMA CIUDADANA REFINERÍA NO (PCRN)

Creada en Villafranca de los Barros pocos meses después de la presentación del proyecto de Refinería Balboa, esta asociación argumenta que existen numerosos motivos para que no se construya, y cuenta con muchos simpatizantes hacia su causa en la región, como la productora Libre Producciones, la cual elabora reportajes que esta reparte entre la población. Han llevado a cabo numerosas actividades para mostrar su oposición al proyecto y, quizá por ello, no se llevan muy bien con la Junta de Extremadura.

Este grupo centra sus críticas en tres aspectos: la inconveniencia de la instalación de la refinería en una comarca dependiente económicamente del sector agroalimentario, las supuestas ayudas que Gallardo recibe de la Junta y el deterioro medioambiental que puede provocar el proyecto en la zona.

En cuanto al lugar elegido para la construcción del complejo refinero, la PCRN critica que supone una amenaza para los cultivos de la zona, fundamentalmente la vid y el olivo. Han argumentado con datos que el proyecto tampoco paliaría en gran medida el paro en la región, ya que actualmente en la refinería de Puertollano “hay menos de 300 personas trabajando y la gente está marchándose a vivir a Ciudad Real”. Y afirman que con el dinero que se va a invertir en la refinería “se podrían crear con energías renovables más de 10.000 puestos de trabajo directos”.

Pero, sobre todo, desde la Plataforma denuncian la connivencia de las autoridades extremeñas con el promotor del proyecto. Se pregunta por qué la Junta de Extremadura concedió el 73% de todas las ayudas de Fomento Sofiex al Grupo Gallardo entre los años 1992 y 1997. “Este hombre está muy bien agarrado. No nos parece normal que siga recibiendo dinero de la Junta tras tantos incumplimientos. De hecho, hay una ley que impide que si un empresario desvía fondos de una inversión pública vuelva a recibirlos durante un tiempo”, denuncia Reyes González.

La Plataforma recuerda que el 24 de mayo de 2003 la Junta de Extremadura denegó la construcción de una cementera en Almendralejo señalando las mismas amenazas que suponía su instalación en la localidad de Alconera, donde sí se autorizó posteriormente a Gallardo a ponerla en marcha.

Además, la PCRN critica la escasa representatividad del estudio presentado por la empresa promotora sobre el impacto ambiental, ya que se han realizado en invernaderos de la Fundación CEAM en La Peira (Benifaió, Valencia), “que nada tienen que ver con la realidad climática, geográfica, de suelos u otras circunstancias que se presentan en Tierra de Barros”. También afirma que el estudio sólo ha evaluado el impacto mediante la fumigación de ozono, uno de los contaminantes más peligrosos que generará la refinería, ignorando el resto. E insiste en que el propio informe se contradice al afirmar que el ozono produce diferentes tipos de efectos en la plantas, desde daños en las hojas a disminuciones en el crecimiento, incluso en la ausencia de daños visibles. “Porque se da la circunstancia de que cada uno de los respectivos contaminantes primarios emitidos por la refinería, además de contribuir a la formación del ozono troposférico, haría su efecto particular sobre la vegetación y cultivos y no digamos sobre la salud de la población”, critica la Plataforma. Por último, manifiesta que no se han evaluado todas las especies cultivadas en la zona y que no se dice nada acerca de los vertidos que sufrirá el Río Guadajira.

La PCRN ha llevado a cabo numerosas manifestaciones, como tractoradas, conciertos o encierros, y conferencias por todo el país a las que han asistido como ponentes desde economistas como Roberto Bermejo hasta trabajadores de otras refinerías españolas, pasando por organizaciones ecologistas y ciudadanos. Vicente Luchena, miembro de Ecologistas en Acción y residente en Puertollano (única ciudad española que cuenta con una refinería de interior), afirmó que en su ciudad tienen “casi un tercio anual de días en que apenas sopla el viento, y se asienta en la población una boina tóxica irrespirable. Desde el Ayuntamiento nos recomiendan cerrar ventanas y casi no respirar”.

En Diciembre del 2005 acudió a una charla Raquel Ñeco, nacida en el Campo de Gibraltar y cuyo padre falleció a los 51 años víctima de un cáncer de vejiga tras treinta años trabajando en la Refinería de Gibraltar. Manifestó que “organizaciones ciudadanas están demandando la realización de exámenes de sangre y orina a sus habitantes para descubrir hasta qué punto se encuentran expuestos a sustancias nocivas, y las autoridades se negaron”. Incluso, ofreció una visita a su casa “al Sr. Gallardo, al Sr. Ibarra o quien defienda esta refinería, y que deje su coche fuera como el mío y vea cómo le corroe la chapa con gotas que hasta traspasan las hojas de mis macetas haciendo agujeros”. Conviene recordar que Rodríguez Ibarra afirmó hace varios años: “Que pongan encima de la mesa un solo caso, uno sólo, en ciudades como Tarragona, La Coruña o Huelva, donde tienen refinerías hace años, de un niño, anciano, hombre o mujer que se haya visto perjudicado en su salud. Uno sólo, y aquí se ha terminado el proyecto. No son capaces de poner nada [refiriéndose a los opositores a la factoría]” (Rodríguez Ibarra afirma públicamente que la refinería no causará problemas de salud en la zona en este vídeo).

LA POLÉMICA LLEGÓ HASTA BRUSELAS

La PCRN denuncia que ha sufrido un sinfín de atropellos por parte de las autoridades a raíz de su oposición. “Desde el pago de más de 10.000 euros en multas y sanciones, a las 11 imputaciones de atentado a la autoridad con peticiones de entre 4 y 6 años de prisión para varios de nuestros compañeros, pasando por un sin número de acciones dictatoriales”. Y es que las relaciones entre la Plataforma y la Junta no puede decirse que sean muy cordiales. El día 10 marzo de este año, el presidente Guillermo Fernández Vara suspendía una reunión con esta asociación al considerar que “no hay un clima de mínimo respeto”, mientras esta cree que se debe a que “no sabe qué decirnos”. Han interpuesto dos demandas ante la Unión Europea y afirman haber ido a Bruselas en cinco ocasiones para argumentar su oposición al proyecto. En febrero protagonizaron en el Parlamento Europeo un polémico debate con el consejero de Industria extremeño, Juan Luis Navarro. Además, Leonardo Clemente afirma que Bruselas tiene abierto un expediente debido a la presentación de 16 quejas por irregularidades en el proyecto de refinería y por incumplimientos del convenio de aguas por parte del ejecutivo regional.

El asunto ha llegado también a la ONU. La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas acaba de admitir una queja formulada por la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo contra el Gobierno español por el incumplimiento del Convenio de Aarhus. Esta organización critica el modelo de desarrollo español y, sobre todo, el extremeño, y afirma haber constatado que nuestro país y Extremadura en concreto “han incumplido en prácticamente todas sus actuaciones los tres principios básicos del Convenio: el derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo y el derecho de acceder a la justicia”. Por último, estima necesario que la Comisión Económica para Europa “sea consciente de los reiterados incumplimientos al Convenio, que ha generado un estado de conflictividad social intolerable. Que las asociaciones son menospreciadas. Que los ciudadanos son perseguidos, insultados, criminalizados…, simplemente por intentar cumplir con el derecho-deber establecido en él”.

ENTREVISTA PLATAFORMA CIUDADANA REFINERÍA NO

«Nadie bajará de su coche cuando vea al monstruo al otro lado de la carretera»

Nacida en 2005, esta asociación ciudadana es la que más se ha implicado en la oposición al proyecto. Recientemente fue recibida en el Ministerio de Medio Ambiente, y los días 12 y 13 de junio llevaron a cabo exposiciones, debates, conferencias y conciertos en la capital española, frente al Museo Reina Sofía. Llevan cuatro años y medio manifestándose a las puertas del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Su presidente, Reyes González, profesor de Historia, nos atiende en su casa. Más tarde, llegaría Leonardo Clemente, también profesor y portavoz de PCRN.


¿Cree que la refinería es la solución para el empleo en la región?
Creo que no. Además, lo hemos investigado y argumentado con datos. La primera persona que vino a hablar con nosotros fue Roberto Bermejo, un catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco, y nos dijo con cifras que esto sólo creará empleo en precario, porque estas empresas trabajan con subcontratas y no se emplean a gente del lugar. La siderurgia de Jerez de los Caballeros la han estado montando 300 tailandeses, y en la refinería, con todos mis respetos, quienes van a trabajar serán quienes estén dispuestos a cobrar menos de 800 euros.

¿Y por dónde pasaría el futuro de Extremadura sin ella?
Jesús Garzón, que fue consejero de Medio Ambiente en uno de los gobiernos socialistas y creador del Parque de Monfragüe, nos dijo que técnicos alemanes están viniendo a Extremadura para copiar el modelo de desarrollo de la Dehesa de Extremadura. El modelo de futuro es el que tenemos ahora en Extremadura, mientras el petróleo es del siglo XIX y ya alcanzó su techo el año pasado, según Roberto Bermejo. La primera solución es aprovechar el sol en todos los sentidos, ir a por un desarrollo agrícola eficiente e industrializar la agricultura para evitar que el 90% del caldo de la uva de Extremadura se embotelle en lugares como Murcia. La Denominación de Origen Ribera del Guadiana podría potenciarse infinitamente más. Y la mayoría de los cerdos de aquí se llevan a lugares como Guijuelo.

¿Cuántas expectativas de empleo se han creado con el proyecto?
Han creado muchísimas. Cuando dijimos en Europa que habían montado una oficina de empleo en Los Santos de Maimona y otra aquí en Villafranca para recoger curriculums de los futuros trabajadores de la refinería, nos dijeron que era ilegal. No estuvimos ágiles porque estábamos empezando, pero uno de nuestros compañeros se apuntó, denunció a la empresa por usar sus datos y la condenaron con una multa de cien mil pesetas. ¡Imagina que lo hubiéramos hecho todos los miembros de la Plataforma! La oficina estaba montada por el Proyecto Orion de la UE, por lo que estaban utilizando una inversión de la europea para abrir una oferta de trabajo privada, lo cual está denunciado. Eso crea unas expectativas tremendas, y llegaron a apuntarse 500 ó 600 chavales en Villafranca hace cuatro años. Ahora mismo la media de puestos de trabajo en las refinerías españolas está entre 300 y 350 empleados, de los que el 80 % es personal muy cualificado, que en Extremadura no lo hay, y el 20% restante sería trabajo de mantenimiento y limpieza, la parte más dura.

¿Qué enfermedades cree que se podrían derivar de su actividad?
Sobre todo cáncer de piel, enfermedades pulmonares, etc. El último estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, encargado por el Minsiterio de Sanidad, es el Atlas Municipal de Mortalidad en España, que concluye que la contaminación industrial incide directamente en el cáncer. Además, dice que el triángulo Sevilla-Cádiz-Huelva tiene un índice de mortalidad cercano al 30%. Joan Benat hizo un estudio en la zona de Algeciras y dedujo una relación causa-efecto entre las industrias existentes y las enfermedes. Los doctores Ferris y Tortajada también lo han investigado. Además, en los países desarrollados ya no se construyen refinerías, y las que se han hecho se suelen ubicar en zonas costeras para que los gases se adentren al mar y no se expandan únicamente hacia zonas habitadas, y para verter mar adentro líquidos, evitando que discurran por los cauces de dominio público. Esta situación está solventada cuando la refinería es costera y hace sus vertidos mediante un colector a cientos de metros dentro del mar y entonces, aunque contaminando también, se diluyen los efectos perniciosos.

¿Piensa que la refinería podría acabar con la agricultura y la ganadería autóctonas?
Gallardo encargó a la Universidad de Extremadura un informe sobre el impacto que le refinería tendría sobre los cultivos, pero esta lo declinó a la de Valencia. En un invernadero, plantaron unas viñas y les insuflaron ozono troposférico, la sustancia más contaminante que generará la refinería. Varios catedráticos de la Plataforma, químicos e ingenieros, nos hicieron un análisis de dicho estudio y concluyeron que, incluso, el propio informe dice que las viñas sí se verán afectadas.

Según vosotros, consumirá al año cinco veces más que la población de Villafranca. Teniendo en cuenta la escasez de agua en la zona, ¿qué pasaría?
Uno de los principales motivos por los que nos oponemos es el consumo abusivo de agua en una zona en la que los pantanos no se han hecho con fines industriales, sino para regadío, como el caso de Alange, o para consumo humano, como la presa de Los Molinos. Es verdad que lo pueden cambiar, pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana lo tiene catalogado así. Además, podría faltar el agua aquí y en Mérida, y el agua contaminada que el Rio Guadajira transportaría al Guadiana puede provocar problemas ecológicos en los márgenes de los ríos. El Guadajira está la mayor parte del año seco, pero con la refinería tendría agua continuamente, aunque contaminada. (Nos enseña fotos del agua vertida por la refinería de Puertollano a los ríos de la zona. «Es como la leche, pese a que está perfectamente depurada», nos dice).

¿En qué va a cambiar la forma de vida de la comarca y el turismo rural?
Esta carretera (la Autovía de la Plata) es el escaparate de gran parte de Extremadura, y nadie se desviará a ningún lado de la carretera en el momento que vea el monstruo ese.

¿Cree que la opinión pública extremeña está siendo engañada?
Creo que está mal informada, y en algunos casos engañada; hay una manipulación manifiesta. En Andalucía, Gallardo ha comprado tres periódicos, y en Extremadura participa en el diario Hoy, donde tengo varios amigos, que me decían que no nos podían publicar algunos artículos si no los reformábamos. El Periódico de Extremadura al principio nos publicaba todo, pero la Junta le quitó toda la publicidad institucional. Tinoco, su director, que es marido de Manuela Martín, una columnista del Hoy que está muy implicada en la oposición a la refinería, estaba indignado. De momento, a ella todavía no se la han cargado, pero conozco a varios periodistas que me han dicho que lo van a hacer.

EL MAGNATE DEL ACERO

El diario El Mundo publicó en enero de 2008 el documento Los españoles más influyentes del año 2008, en el que figuraban las 500 personas con mayor poder político, económico y social en nuestro país hasta el momento. Alfonso Gallardo ocupaba el noveno puesto entre las personas más influyentes a nivel regional, justo por detrás del líder del Partido Popular en Extremadura, Carlos Floriano. El 15 de junio recibió el galardón del periódico económico Dossier Empresarial por su exitosa
trayectoria. Ha sido también premiado dos veces como empresario del año, recibió el galardón Emprendedor 2002, le fue otorgada la Medalla de Extremadura y posee una cátedra con su nombre en la Unex. Es un hombre sencillo, ferviente católico, discreto y al que en Jerez de los Caballeros, su localidad de nacimiento, algunos siguen llamando “don Alfonso”. Emplea a más de 3.000 personas y factura 2.000 millones de euros anuales. Pero, como todo personaje influyente, Gallardo es admirado por unos y odiado por otros: sus seguidores destacan su excepcional capacidad emprendedora; sus detractores su capacidad para manipular todo aquello que le rodea. Pero, ¿quién es Alfonso Gallardo?


Alfonso Gallardo Díaz inició su andadura empresarial en 1964, cuando se dedicaba a recorrer los pueblos del Sur de Extremadura comprando chatarra con la ayuda de un burro. Antes, incluso, llegó a vender palomas y organizar bailes. Sólo poseía un solar en Jerez de los Caballeros, el cual convirtió en un almacén de 7.500 metros cuadrados que fue ampliado varias veces a medida que el negocio crecía y extendía su red comercial a todo el país. En 1977 creó Alfonso Gallardo, S.A., empresa dedicada a la fabricación de tubos de acero laminados en frío. Lo que comenzó siendo un solar se había convertido en una de las empresas punteras del sector siderometalúrgico en España. Además, compró dos fábricas de corrugados de acero en Fuenlabrada y Gijón, en las que realizó importantes inversiones. No obstante, no será hasta 1992 cuando Alfonso Gallardo inicie su primer proyecto de gran envergadura: A.G. Siderúrgica Balboa S.A., en cuya construcción se invirtieron unos 15.000 millones de las antiguas pesetas, según la propia empresa, y que a día de hoy produce en torno a 4 millones de toneladas anuales tras su ampliación en 2007. En estos años, Alfonso Gallardo crea además empresas dedicadas a las gestiones inmobiliarias y en Bolsa, como Grupo Alfonso Gallardo S. L., nacida en 1997.

Su segundo gran proyecto, A. G. Cementos Balboa, que constituye hasta ahora la mayor inversión privada de la historia de Extremadura, con un coste 90 millones de euros, se presenta en 1999 y cuenta con la colaboración del gobierno regional de Rodríguez Ibarra. Si en 1998 la facturación de Alfonso Gallardo S. A. superaba los 66 millones de euros y contaba con una plantilla de 210 trabajadores, dos años después, Gallardo emplea a 1200 personas más y factura 300 millones de euros. Además, el industrial creó en Asturias A.G. Ferromallas S.A., la cual ha aumentado varias veces sus instalaciones.

En el año 2.000 nace Canal Sur Extremadura, versión extremeña del canal andaluz, cadena apadrinada por la Junta de Extremadura. La elaboración de la programación fue adjudicada a PETSA, corporación participada por Alfonso Gallardo (20%), Prisa (51%) y otros socios. De esta manera, el empresario daba el salto a los medios de comunicación dentro de su estrategia de diversificación de negocios. Ante las denuncias de Izquierda Unida y el Partido Popular, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura consideró ilegal la adjudicación por eludir el control público, y el canal dejó de emitir pocos meses después.

En 2004 nace Refinería Balboa S. A., que presenta su proyecto públicamente el 15 de febrero de 2005. Gallardo afirma durante la presentación: “hasta mi anillo de boda estoy dispuesto a empeñar para que este proyecto salga adelante”. Un año después, el empresario pone en marcha Cementos Balboa, la única cementera existente en Extremadura.

En 2005, Gallardo adquirió otras tres fábricas fuera de la comunidad, a las que bautizó como Corrugados Azpeitia, Corrugados Getafe y Corrugados Lasao. De esta manera, se convertía en líder español en facturación de acero corrugado. Al año siguiente compró por 591 millones de euros otra fábrica de acero en Thüringen, Alemania, con la que pasó a ser el segundo productor europeo de perfiles de acero.

En 2006, el empresario extremeño continuó con su expansión hacia los medios de comunicación, tras la frustrada puesta en marcha de Canal Sur Extremadura. Se hizo con el 25% del diario onubense Odiel Información, con el 100% de El Correo de Andalucía y con el 59% del Diario de Jaén. También entró en el terreno audiovisual, al participar junto a Gonosa en el canal onubense CNH TV. Además, en 2008 suscribió con Antonio Asensio un preacuerdo para la compra de un 80% del Grupo Zeta, propietario de revistas, diarios provinciales y editoriales, por más de 500 millones de euros. Pese a superar en la puja a grupos como Vocento o Planeta, la oferta de Gallardo no satisfizo a Asensio, que decidió finalmente no vender la empresa a propuesta de sus accionistas.

En 2007 adquirió el 100% de la acciones de otras dos compañías: Eusebio Calvo y Cia S.A., dedicada a la distribución de productos siderúrgicos, y Papresa, fabricante de papel prensa y principal proveedor de los diarios españoles. A finales de 2008 también compró a Prisa las plantas de impresión Distasa (en Dos Hermanas) y Ediciones Bidasoa (Valencia), según el portal de Internet Negocios.com.

El industrial también se ha adentrado en el sector de las energías renovables, donde ha iniciado el proceso para la puesta en marcha de una planta de ensamblaje de paneles solares en Villafranca de los Barros y otra de energía fotovoltaica en Jerez de los Caballeros. Y recientemente firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura para compartir investigaciones en ciencia y tecnología centradas en cuatro áreas: desarrollo tecnológico, materiales, sector petroquímico y defensa del medio ambiente.

En el sector Ferroviario, Gallardo posee las compañías Ferrocarriles del Sur (Fesur) y Sur Occidental de Ferrocarriles, compartidas con la constructora andaluza GEA 21. Ambas empresas también son socias de AGG Occidental Empresa Constructora, centrada en la realización de obras públicas. El pasado año, Fesur compró a CAF (compañía líder en el diseño y fabricación de sistemas ferroviarios) nueve locomotoras y 400 vagones para transportar las mercancías que Gea 21 y Alfonso Gallardo mueven por Extremadura y Andalucía. Además, también ha echado a andar la Compañía de Vagones del Sur, en la que participan Alfonso Gallardo, GEA 21 y CAF-Santana. Se dedica a la fabricación de vagones y está ubicada en Linares (Jaén).

Hace unos meses, Gallardo anunció la inversión de más de 20 millones de euros para la creación de nuevas terminales en los puertos de Sevilla y Huelva, con el objetivo de incrementar la entrada de productos siderúrgicos en ambos hasta en 1.200.000 toneladas al año. Por supuesto, estas ampliaciones también están pensadas, sobre todo en el caso del Puerto de Huelva, para cuando la refinería entre en funcionamiento. Además, ha comprado la distribuidora de acero Marceliano Martín y, en estos momentos, está estudiando la construcción de grandes plantas de impresión en Madrid, Cataluña y Andalucía, en las que se imprimirían diarios de los grupos Vocento, Joly, Zeta y Godó, como ABC, La Vanguardia y varias cabeceras regionales. El diario El Mundo insinúa también que Gallardo podría estar detrás de una oferta realizada para la compra de Astilleros de Huelva.

La empresa Befesa ha conseguido el permiso para la construcción de una planta de reciclaje de residuos metalúrgicos en Villafranca de los Barros, para la que afirma contar con Gallardo como “suministrador principal”. Sin embargo, Pedro Sánchez, líder de la agrupación política Ciudadanos de Villafranca, niega que exista relación entre ambas empresas. Por último, Gallardo está proyectando la construcción de una acería en la localidad tarraconense de Tortosa con una inversión superior a los 500 millones de euros y que incluirá la puesta en marcha de una red ferroviaria que complemente a la factoría.

En total, y según la propia web del Grupo Alfonso Gallardo, el empresario posee 16 empresas, alguna de ellas subdividida en numerosas ramificaciones, como Gallardo Comunicación. Muchas de ellas comparten el “apellido Balboa”, al igual como el personaje histórico favorito de Gallardo, el descubridor Vasco Núñez de Balboa, vecino ilustre de Jerez de los Caballeros.

Resulta sorprendente cómo el empresario ha sabido crear un imperio de la nada. Pese a todo, no ha cambiado su estilo de vida y vive con su esposa en la misma casa que cuando se unieron en matrimonio, según afirmó el propio Gallardo en una entrevista concedida al diario Expansión. A simple vista, resulta obvio que las autoridades regionales le han allanado el camino. Pero, ¿hasta qué punto? El empresario, primer industrial extremeño y decimotercero de España, presume de contar con “acero, cemento y ahora petróleo, las industrias que suponen la base de las infraestructuras que desarrollan un país”. Realiza donaciones a la Iglesia de Santa Catalina de su pueblo y afirma no conceder entrevistas porque no quiere ser famoso.

¿A QUÉ SE DEBE TANTA AYUDA?

El gobierno socialista de la Junta de Extremadura ha apoyado desde hace muchos años las iniciativas que Gallardo ha llevado a cabo en la región, pero la férrea defensa hacia un proyecto a todas luces inconveniente para la región ha hecho que algunos hablen de el partido como el “PSOIL de Extremadura”.

El Grupo Gallardo sigue recibiendo gran parte de los fondos de la Junta de Extremadura, desde ayudas a las pymes (un 74% en 2004) a subvenciones otorgadas por Sofiex, pasando por la totalidad de los fondos del Plan de Electrificación Rural en 2005. Quizá por ello, el gobierno extremeño va a participar en el proyecto con un 20% de la inversión. Y es que, como afirma un dicho muy extendido por la región, “en Extremadura, el poder se escribe con ´G´”.

El empresario no tiene hijos, por lo que su sobrino, Francisco Fuentes Gallardo, secretario general del PSOE regional, es su único heredero. Este está casado con Carmen Pereira, Delegada del Gobierno en Extremadura desde 2004. Además, Luis Revello, ex director general de Trabajo de la Junta de Extremadura, es actualmente asesor y amigo del empresario. Y Diego Baena, director general de Promoción Industrial de la Junta, es trabajador en excedencia del Grupo Alfonso Gallardo.

Rodríguez Ibarra señaló en su momento que la Administración regional necesitaría pedir préstamos para hacer frente al 20 % del presupuesto cuando éste alcanzaba los 1.200 millones de euros, afirma la PCRN, por lo que ahora que el presupuesto total ha aumentado a los 2.500 millones, a su juicio, la hipoteca será mayor. Leonardo Clemente critica que la Junta haga frente a esta inversión y abandone otras como la potenciación de la pequeña y mediana empresa o la industria agroalimentaria. Según sus datos, “cada extremeño aportará 500 euros por medio de la SOFIEX, a pesar de que ninguna sociedad desarrollada invierte en proyectos de refinería de nueva creación”. Además, “Juan Sillero, titular del proyecto, está inhabilitado por sentencia judicial a no ostentar cargos en proyectos industriales susceptibles de causar daños ambientales”.

Por otra parte, desde la Plataforma Ciudadana Refinería NO sospechan que el Grupo Gallardo es la plataforma de entrada a España del magnate mejicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta y amigo personal de Felipe González. Estas evidencias señalan que Gallardo sería el encargado de recibir las subvenciones y poner en marcha un proyecto que, supuestamente, Slim compraría posteriormente.

LA INFLUENCIA SE SIENTE TAMBIÉN EN LOS MEDIOS

La PCRN denuncia la represión de las protestas en contra del proyecto por parte del Gobierno autonómico. “Existe una grave represión en lo que respecta a este tema por parte del PSOE regional, hasta el punto de que actualmente hay 11 imputados por haber asistido a una concentración a la salida de un pleno municipal para los que se pide seis años de cárcel por supuesta agresión al alcalde de Villafranca. La privación de libertades es tal, que se han eliminado programas de radio a nivel local donde la gente participaba de forma espontánea”, afirma Luis Leza, miembro de la PCRN.

Además, El Periódico de Extremadura sufrió una drástica retirada de publicidad institucional por parte de la Junta de Extremadura por dar voz a opositores al proyecto. Los trabajadores del diario publicaron un manifiesto en denuncia de esta
práctica:”Desde la llegada a la dirección de El Periódico de Extremadura de Antonio Tinoco en julio del 2004, la Junta de Extremadura, a instancias de su presidente, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha emprendido una campaña de acoso a este medio para intentar debilitar económicamente a la empresa, a través de la reducción brutal de la publicidad institucional (más de un 90%) y la retirada de unas suscripciones contratadas a favor de diferentes colectivos sociales, al margen de las suprimidas por recomendación en algunas otras instituciones regidas por el PSOE”.

EN EXTREMADURA, EL PODER SE ESCRIBE CON G

Desde hace muchos años la figura de Alfonso Gallardo no ha dejado indiferente a nadie en la región. Su nombre ha estado siempre de actualidad, bien por su capacidad emprendedora y la creación de riqueza en Extremadura, o por sus infracciones a la ley. En 2008 inició su andadura la Asociación Afectados por Gallardo, con el objetivo de hacer públicas sus irregularidades y reunir a personas que han resultado damnificadas por ellas.


En los años noventa, Gallardo adquirió en Jerez de los Caballeros cuatro parcelas para la puesta en marcha de su siderurgia. Estas habían sido recalificadas como suelo industrial por el Ayuntamiento de Jerez y la Junta, cuando en su origen eran para utilización agrícola. En representación de los herederos de su anterior propietaria, Juan de Dios Rodríguez-Pina Cruz denunció la recalificación al creer que vulneraba la ley y solicitó que no se construyera en ellas la factoría. Inmediatamente fue declarado persona “non grata” por el Ayuntamiento de Jerez, en el que gobernaba Manuel Calzado Galván, amigo personal del empresario. En 1.996, durante la visita del Príncipe de Asturias a la Siderurgia Balboa, Gallardo vio cómo este miraba el castillo que su enemigo tenía construido justo enfrente, y le dijo a Don Felipe: “Si te casas en Jerez, te lo compro”.

Al no obtener respuesta del consistorio ni de la Junta y tras la desestimación de la denuncia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Pina recurrió al Tribunal Supremo, que ordenó en el año 2000 la devolución de los terrenos a su anterior dueña, ya que se había cambiado su uso de forma ilegal. La sentencia achacó a la Junta que no contestase al recurso que interpuso Rodríguez-Pina y destacó que el Gobierno extremeño no hizo caso a los informes de sus propios servicios técnicos y jurídicos que advertían contra la decisión de cambiar de uso las parcelas y que alertaban de las consecuencias “de seguir adelante con el polémico proyecto de instalar una siderúrgica en el seno de unos regadíos declarados de Alto Interés Nacional”. En cumplimiento de la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura manifestó en 2004 que, dada la existencia de una actividad de relevancia económica y social en los terrenos en litigio, se debía dar “oportunidad a la codemandada (Grupo Gallardo) a desmontar las instalaciones existentes”. Rodríguez-Pina mostró su disposición a resolver el problema y, finalmente, “los propietarios y Gallardo llegaron a un acuerdo económico, por lo que el empresario no tuvo que desmantelar Siderúrgica Balboa. Según algunos cálculos, los propietarios podrían haber cobrado a Gallardo unos seis millones de euros”, se recoge en el Informe Gallardo (Ver ANEXO 1. BOLETIN OFICIAL V Legislatura Núm. 168 Mérida, 30 de junio de 2001).

En 1998, el empresario había obtenido de forma gratuita la cesión de la fundición de Transidesa, en Villafranca de los Barros, a cambio de mantener la plantilla durante al menos 10 años. Ese mismo año, prejubiló a 28 de sus empleados y en 2006 desmanteló por completo la factoría, acabando con todos los puestos de trabajo existentes en la misma. La Junta de Extremadura jamás castigó a Gallardo por ello. Según la Asociación Ciudadanos de Villafranca, ahora el alcalde de la localidad, Ramón Ropero, “propone e impone que le paguemos más de 94.000 € a Alfonso Gallardo para recuperar el solar en el que estuvo Transidesa. Como se encargó de recordarle la portavoz del PP, nos quedamos sin empresa, sin instalaciones (Gallardo las demolió y vendió la maquinaria) y ahora sin dinero”.

Ese mismo año, Gallardo compró la concesión de la explotación de calizas en la Sierra de Alconera a la Junta de Extremadura por 17 millones de pesetas, una ganga, cuando la propia Junta había valorado los terrenos anteriormente entre 5.000 y 9.000 millones de pesetas. Al año siguiente nació la empresa Gestión y Estudio de Recursos Mineros, financiada por la Junta de Extremadura y dedicada exclusivamente a realizar estudios para la cementera, cuando en circunstancias normales sería el empresario quien debería acometer y financiar dichos estudios. El gerente de la compañía es Leopoldo Torrado, antiguo director general de Medio Ambiente en Extremadura y que emitió el informe positivo para la construcción de la cementera de Alconera. Según Cristina Teniente Sánchez, diputada del Partido Popular, esta empresa “lo único que ha hecho ha sido poner toda una Administración al servicio de unos intereses particulares: regalando recursos mineros, pagando estudios y proyectos y facilitando permisos y autorizaciones”.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló en 2001 la adjudicación a Gallardo para llevar el gas canalizado en trece ciudades extremeñas, al detectar un “cúmulo de irregularidades” de las que culpó a la Junta. El industrial se había sumado a última hora al concurso público de licencias, cuyo plazo fue ampliado debido a este motivo, y resultó ganador del mismo. “Del cúmulo de irregularidades que comete la Administración podemos concluir que la exigencia de publicación en el BOE no era dar publicidad, sino permitir la participación de un empresario que aunque no reunía los requisitos para su existencia en el plazo para la presentación de proyectos de competencia, luego resultó adjudicatario, con el largamiento del procedimiento administrativo”, indicaba la sentencia. Manuel Cañadas, de Izquierda Unida Siex, denunció que “Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, estuvo comiendo en el cortijo de Ricardo Leal, con Ricardo Leal y con Alfonso Gallardo, nueve días antes de la adjudicación. Eso es corrupción, eso se llama corrupción porque sólo se puede llamar corrupción”.

Las colaboraciones por parte de la administración regional del PSOE continuaron y, un año después, Rodríguez Ibarra pactaba con Manuel Chaves la emisión de programas de Canal Sur en la comunidad extremeña, naciendo Canal Sur Extremadura, cadena dotada de un presupuesto de 2.550 millones de pesetas. Los tribunales determinaron la ilegalidad de la emisora que el Gobierno de Ibarra pretendía convertir en el ente público extremeño de televisión. “Se debe levantar el velo, y determinar que lo verdaderamente adjudicado ha sido la gestión de parte de una televisión pública a una empresa privada”, afirmaba la sentencia (Ver ANEXO 2. La externalización de la producción de los operadores públicos de televisión de ámbito autonómico en España. Los casos canario y extremeño).

En mayo de 2.001, el Tribunal de Cuentas del Estado puso de manifiesto que la empresa Suministros Auxiliares para la Industria Extremeña, del Grupo Gallardo, debía devolver una subvención de la Junta de Extremadura de 104 millones de pesetas por la creación de nuevos puestos de trabajo. Durante las investigaciones se demostró que 62 de los 70 trabajadores por los que cobró las ayudas habían pertenecido a Siderurgia Balboa hasta el día anterior a su creación. Estos empleados habían dejado de trabajar en Siderurgia Balboa un día antes, “para que veinticuatro horas después de la respectiva terminación de cada contrato, y tras una teórica situación legal de desempleo que duró tan solo un día, la empresa apelante, Suministros Auxiliares a la Industria extremeña S.A., contratase a todos ellos bajo la forma de contrato de duración indefinida con el fin de beneficiarse de las ayudas convocadas por el Decreto 105/94”, indicó el Tribunal Supremo. El artículo 308 del Código Penal contempla “la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de su importe”, y prohíbe “la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o ncentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años” por incurrir en este delito. Sin embargo, Gallardo ha continuado recibiendo fondos públicos y aún no ha pisado la cárcel.

A raíz de este caso, Izquierda Unida llevó a la Asamblea de Extremadura una proposición no de ley para solicitar a la Junta que presentara en un mes un informe detallado de las decisiones tomadas respecto al tema y obligara al empresario a devolver el importe subvencionado más los intereses. Sin embargo, la propuesta fue desestimada en la Cámara, en la que el Partido Socialista posee la mayoría. Manuel Cañada, coordinador regional de Izquierda Unida, solicitó la dimisión del Consejero de Economía, Manuel Amigo, y acusó a la Junta de no haber actuado correctamente cuando un inspector le puso sobre aviso de que la mayoría de los trabajadores de la empresa Suministros Auxiliares para la Industria Extremeña incurrían en la ilegalidad por pertenecer a Siderúrgica Balboa. Según Izquierda Unida, dos meses después de este aviso se concedió la subvención y, cuando el Tribunal de Cuentas advirtió a la Junta de que estaba siendo engañada, esta lo que hizo fue “intentar quitarse de en medio al Tribunal de Cuentas”, al solicitar la suspensión del proceso por considerar que este no era el órgano competente en el asunto. Además, “a partir de esa fecha siguen los chollos para el señor Alfonso Gallardo con el dinero de todos los extremeños: 4.586 millones de pesetas de su inversión en “Siderúrgica Balboa” en una actuación que también ha denunciado el Tribunal de Cuentas”. Además, Cañadas se dirigió a Manuel Amigo con estas palabras: “Yo no sé si hacen falta más pruebas para hablar con todas las de la ley de corrupción, porque esto no es corruptela, esto es corrupción, corrupción. ¿No le da vergüenza a usted, señor Amigo, que la única empresa con nombre y apellidos que aparezca informe tras informe en el Tribunal de Cuentas sea la de este señor? ¿No le da a usted vergüenza? ¿A usted le paga? [Gallardo]” (Ver ANEXO 3. DIARIO DE SESIONES, V Legislatura, Número 46-P y ANEXO 4. Recurso Casación).

En junio de 2002, el industrial llevó a cabo un cierre patronal en Siderurgia Balboa (que también afectó a otras empresas del grupo) por el que detenía la producción en respuesta a la huelga que habían convocado sus trabajadores para exigir mejoras laborales y salariales. Quedaron sin empleo y sueldo 700 empleados 432 de ellos de Siderurgia Balboa. La Junta instó a Gallardo a retomar la actividad, al estimar que no existía un motivo de peso que justificara el cierre. Tras más de un mes cerrado, la fábrica reinició su actividad con sólo 100 de los 432 trabajadores que tenía anteriormente.

En 2004, el Grupo Mixto de la Asamblea de Extremadura instó a la Junta a investigar si Gallardo evadía impuestos, manifestando que las empresas Alfonso Gallardo S. A. y AG Siderurgia Balboa están participadas por la sociedad Malmros Foreign Property BV, domiciliada en Ámsterdam. Sin embargo, en la votación se rechazó la propuesta, otra vez gracias al PSOE.

También ese año el Ministerio de Medio Ambiente hizo público el informe Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, según el cual A.G. Siderúrgica Balboa S.A se encuentra entre las 11 empresas más contaminantes de España y entre las 73 compañías más insalubres de Europa, al emitir la cuarta parte del hexaclorobenceno de la entonces Unión Europea de 15 miembros. Según el Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012, las empresas A.G. Siderúrgica Balboa S.A. y Cementos Balboa emitirán más de 1.000 toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anuales, lo que supone el 73,96% del total de emisiones autorizadas para el conjunto de la industria extremeña. Además, el Inventario de Suelos Contaminados del Ministerio de Medio Ambiente consideró los suelos de Jerez de los Caballeros entre los más contaminados de España debido a la presencia de Siderurgia Balboa. Por ello, El Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 1995-2005 destinó una partida de 12. 000 euros para el acondicionamiento de los terrenos sobre los que se asienta la factoría.

Otro estudio del Tribunal de Cuentas en 2005 advirtió de que la Junta de Extremadura estaba vendiendo a Alfonso Gallardo su participación en AG Siderúrgica Balboa S.A en cómodos plazos, sin intereses e incumpliendo la ley, justo cuando la empresa comenzaba a obtener beneficios. Izquierda Unida y el Partido Popular manifestaron su oposición a esta medida, ya que la desinversión tenía lugar cuando la empresa comenzó a ser rentable, de manera que la Junta había actuado “socializando el riesgo y privatizando los beneficios”.

También ese año echó a andar Cementos Balboa, el mayor proyecto industrial de la comunidad hasta el momento. La compañía recibía entonces 2.481.989,92 euros de las ayudas de la Junta a las pymes, un 74,31% del total subvencionado a las empresas extremeñas por la Línea de Préstamos de Financiación de Inversiones concedidas en el 4º trimestre de 2005 (Ver ANEXO 5. D.O.E.—Número 146 22 Diciembre 2005 17933). Se trata de una fábrica que, según la normativa vigente, debía instalarse a más de 2 kilómetros de distancia de las zonas urbanas. Sin embargo, según la PCRN, se encuentra a 1050 metros.

Dos años antes había sido presentada una propuesta por parte de otra compañía para la construcción de una cementera en Almendralejo, la cual fue denegada por la Junta de Extremadura. Además de las amenazas medioambientales, se argumentó que “la proximidad de las instalaciones de la cementera a la transitada Autovía de La Plata podría afectar a la imagen de calidad y producciones naturales que tienen los productos de Tierra de Barros”. Sin embargo, Gallardo sí recibiría posteriormente la autorización para construir su fábrica en la Sierra de Alconera, en la que las amenazas eran las mismas. En dicha sierra, además, la Universidad de Extremadura había realizado excavaciones en las que se fue hallado “un yacimiento, según Carbonell, de los más antiguos de la Península y, sin duda, de Extremadura”. Acto seguido, la propia Unex lo desmintió “porque la cementera ya estaba aprobada por la Junta. Aquellos restos han desaparecido”, afirma Leonardo Clemente, dirigente de la formación.

También en 2.005, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, a través del Proyecto Orión de la Unión Europea, comenzó a recoger solicitudes de empleo para la proyectada Refinería Balboa. En las solicitudes aparecía el logo de la empresa, de manera que las autoridades extremeñas estaban realizando el trabajo de recogida y selección de currículums a una empresa privada. Pero, ¿estaba ya el proyecto en situación de ofrecer ya listas de contratación? Al sospechar que los datos no estaban realmente destinados a la creación de una base de datos con posibles trabajadores de la refinería, un ciudadano que había cumplimentado el impreso (miembro de la Plataforma Ciudadana Refinería No) denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos lo que él consideró una irregularidad en el manejo de datos personales. Esta corroboró que en los documentos no aparecía la información que obliga la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que Refinería Balboa tuvo que pagar una multa de 601’01 euros (Ver ANEXO 6. Procedimiento sancionador PS/00056/2006, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad REFINERÍA BALBOA, S.A.).

Alfonso Gallardo continúa afirmando que su objetivo es promover el empleo en Extremadura, pero en 2006 contrató a través de una empresa italiana a 350 trabajadores para la ampliación de Siderurgia Balboa. De ellos, un 80% eran tailandeses y el resto procedían de países como Alemania, Francia e Italia. Para su ubicación, la empresa había anunciado la construcción de una “miniciudad con casas y demás dotaciones deportivas y de ocio”. Sin embargo, los empleados quedaron alojados en numerosos barracones situados junto a las obras, bajo un tendido de alta tensión y rodeados de chatarra. Ciudadanos de Jerez han afirmado que normalmente no salían de las instalaciones de Siderurgia Balboa. El mismo año, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros decidió (con mayoría absoluta del PSOE) ceder durante 60 años unos terrenos municipales para uso como vertedero industrial de aquellas empresas catalogadas por la Junta como de Interés Prioritario que produjeran más de 25.000 toneladas anuales. Es decir, para Gallardo, el único que cumple tales condiciones. El valor de la licitación, según el consistorio, era de 300.506,5 euros. Pero las ayudas hacia el empresario no acababan aquí (Ver ANEXO 7, ANEXO 6. BOP Badajoz y ANEXO 8. Decreto de la Junta declarando Siderúrgica Balboa Industria de Interés Prioritario).

En abril de 2.007, la Fiscalía de la Audiencia de Badajoz envió al Juzgado de Jerez de los Caballeros un escrito en el que inculpaba al dueño de la empresa Alfonso Gallardo S. A. y tres de sus directivos por un delito contra el medio ambiente y tres de lesiones. Según la Fiscalía, la compañía hacía vertidos de productos tóxicos a la red de alcantarillado desde 1998 (hasta el punto que el consistorio llegó a afirmar que no podía garantizar la calidad del agua en el año 2000), y pedía 7 años de cárcel para el empresario por la intoxicación de varios vecinos en el año 2003. Sesenta personas tuvieron que abandonar sus casas durante la noche para evitar la inhalación de los gases tóxicos que emanaban de los sumideros de sus viviendas, y varias debieron ser atendidas por hinchazón en el rostro, problemas para respirar y picores. Preguntado por los medios al respecto, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta, afirmó que “uno no es culpable hasta que un juez no lo diga”. En un segundo escrito, la Fiscalía eximió de responsabilidad a Gallardo y atribuyó la misma a Juan Sillero, como miembro del Consejo de Administración de la empresa, Santiago Castellano, como director de la fábrica, y Ángel Cano, como jefe de mantenimiento. Se les impuso una pena de un año de cárcel y fuertes multas: 99.000 euros a Sillero y 30.000 a los otros dos ejecutivos. Además, los condenados fueron inhabilitados durante un año para ostentar cargos de responsabilidad en empresas susceptibles de contaminar el medio ambiente. A raíz de este caso, uno de sus empleados, quedó inhabilitado. Sin embargo, Juan Sillero no sólo no ha entrado en prisión, sino que sigue acompañando a Gallardo en el proyecto de refinería.

También ese año, Ecologistas de Extremadura denunció ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente un “atentado ecológico” por parte de Siderurgia Balboa en las Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA) y los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Dehesa de Jerez. Según la organización, numerosos árboles fueron arrancados, entre ellos unos doscientos alcornoques centenarios, y habían sido depositados en el lugar residuos contaminantes, restos de aceite y escorias, al parecer, procedentes de Siderúrgica Balboa. Tampoco en este caso las autoridades han respondido.

En febrero de 2009, la Revista Época publicaba el reportaje El cortijo de los señoritos extremeños, en el que denuncia el clientelismo y la manipulación informativa existente en la región, critica personificada en la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura. Y añade: “donde SOFIEX marcó un hito fue participando y respaldando los negocios del multimillonario Alfonso Gallardo (uno de los hombres más ricos de España con 2.200 millones de patrimonio), cuya riqueza se ha desarrollado bajo el amparo de la Junta, pues su amistad con Ibarra es pública y notoria, y su sobrino, Francisco Fuentes Gallardo, es uno de los prohombres del régimen”.

La crisis actual también ha golpeado a las industrias de Gallardo. Hace unos meses, varios medios se hicieron eco de las filtraciones de varios empleados de Siderurgia Balboa, que afirmaban que la empresa estaba llevando a cabo un Expediente de Regulación de Empleo encubierto, bajo la promesa de que los trabajadores serían recolocados cuando la situación mejorara para que estos no lo hicieran público. En mayo, la empresa anunció la puesta en marcha del ERE, que afectará a un 20% de la plantilla, 210 trabajadores, durante un año. Además, se están llevando a cabo expedientes similares en las empresas Corrugados Getafe y Alfonso Gallardo S. A. (este último ha afectado a 146 empleados, casi toda la plantilla). Y Cementos Balboa, el inmenso proyecto que acabará con la Sierra de Alconera, emplea hoy solamente a un centenar de personas.

EDITORIAL

PUNTO Y SEGUIDO

Sin duda alguna, hay una amplia mayoría de extremeños que apoya el proyecto férreamente ya que, casi por naturaleza, la población extremeña es socialista. Rodríguez Ibarra, ex presidente de nuestra comunidad, ha defendido este proyecto hasta el último día de su mandato, algunas veces con argumentos agresivos e incoherentes. Ahora, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta, ha recogido su legado, y aunque lo hace de un modo mucho más calmado, también defiende el proyecto a capa y espada. Por su parte, la mano que mueve todo el asunto, Alfonso Gallardo, aunque es poco dado a los medios, cuando ha concedido entrevistas también se ha mostrado orgulloso y convencido de que su plan saldrá adelante: “Hasta mi anillo de bodas estoy dispuesto a empeñar para que así sea”, dijo en una de sus exclusivas intervenciones. Probablemente, no le hará falta llegar a esos extremos por dos razones: porque su imperio factura unos 2.000 millones de euros al año, y porque su sobrino y heredero directo es Francisco Fuentes Gallardo, Secretario General del PSOE-Badajoz y actual pareja sentimental de Carmen Pereira Santana, Delegada del Gobierno en Extremadura.

Una buena parte de la población está convencida de que la refinería creará muchos puestos de trabajo, generará muchísimo dinero y afectará poco al medioambiente y menos a la salud, cuestión más que discutible si tenemos en cuenta los numerosos informes que se han realizado en, por ejemplo, el ya citado triángulo de la muerte, es decir, en el perímetro que une Sevilla, Huelva y Cádiz, en el que se sitúa un polo industrial que ha triplicado la posibilidad de morir por cáncer en esa zona. La población cree al Grupo Gallardo, que ha proclamado que su refinería, debido a los avances tecnológicos del siglo XXI, contaminará “poquísimo” y no causará enfermedades cancerígenas y respiratorias ni repercusiones en el medio ambiente, a pesar de que el informe que la propia empresa encargó a la Universidad de Extremadura, Diagnóstico y vigilancia del impacto por vía atmosférica de un complejo refinero, ha señalado lo contrario, afirmando que: “el ozono produce diferentes tipos de efectos en las plantas, desde daños en las hojas a reducciones en el crecimiento. Las reducciones en el crecimiento pueden producirse incluso en ausencia de daños visibles”.

A pesar de todo, los opositores a la refinería confían en que ésta no se llevará a cabo ya que el proyecto es “ilegal por atravesar parques naturales en Andalucía”. La Plataforma Ciudadana Refinería No asegura que “la población extremeña está siendo manipulada y engañada, pero la opinión pública andaluza, sabia en la cuestión debido al complejo industrial que alberga en la región y a los escándalos medioambientales que algunos de ellos han protagonizado, no se dejará manipular tan fácilmente por un grupo empresarial que compra medios a su antojo para orientar las opiniones”. Andalucía no recibiría compensación alguna por instalar en su tierra un oleoducto, por lo que no es fácil persuadirla con la excusa del empleo.
La investigación abierta demuestra las irregularidades cometidas por Alfonso Gallardo para expandir su imperio, así como el consentimiento que la Junta ha otorgado para cometerlas. Gracias quizás a esta “amistad”, puede que se lleve a cabo el proyecto más costoso y polémico emprendido en Extremadura: Refinería Balboa.

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